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San Nicolás de los Arroyos
viernes, 20 mayo, 2022

Edición N° 4054

UN ALLANAMIENTO PODRÍA COMPLICAR AÚN MÁS A CABALEYRO Y ESPÍNDOLA

La jueza María Eugenia Maiztegui ordenó allanar la sede central del Sindicato de Camioneros para comprobar si existe una presunta deuda de la empresa reclamada por los dirigentes nicoleños que dio origen a la protesta sindical. Si no se verifica, se sumaría otra acusación por extorsión y se agravaría la situación de los dos dirigentes detenidos.

De la redacción de EL NORTE
redacción@diarioelnorte.com.ar



La jueza María Eugenia Maiztegui ordenó el allanamiento de la sede central del Sindicato de Camioneros en busca de documentación que acredite una supuesta deuda de la pyme Rey Distribución, que dio origen a la protesta gremial. Si no se verifica, se sumaría otra acusación por extorsión y se agravaría la situación de los dos dirigentes detenidos, Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola.

Así, cobra nuevo impulso la causa por el bloqueo y la extorsión a la distribuidora Rey, de San Pedro, que derivó en la detención de los dos gremialistas.

La delegación del Ministerio de Trabajo en San Nicolás acreditó la existencia de esa deuda, pero no aportó documentación que lo avalara, por lo que la jueza le pidió al Sindicato de Camioneros de San Nicolás que la presentara. Como esta seccional explicó que había enviado esa información a la sede central del gremio, el juzgado de Maiztegui libró un oficio a la organización que lidera Hugo Moyano, pero primero no obtuvo respuesta y luego no recibió ningún detalle al respecto.



Por eso se dispuso el allanamiento, para secuestrar la información correspondiente. Los abogados de la familia Rey, liderados por Florencia Arietto, consideran que este procedimiento judicial es clave para la causa porque si no se logra acreditar la deuda, la acusación de coacción, que tiene una pena máxima de 4 años, pasaría a ser extorsión, con un máximo de 10 años, y agravaría la situación judicial de los dos detenidos, Maximiliano Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás y concejal del Frente de Todos, y Fernando Espíndola, dirigente del mismo gremio, quienes se entregaron a la Justicia el 8 de abril pasado y se encuentran detenidos en la DDI de nuestra ciudad.

Ambos están acusados por los delitos de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción por un bloqueo contra la empresa de San Pedro.



Piden profundizar la investigación

Para los abogados de Distribuidora Rey, en caso de que no se encuentre documentación que pruebe la deuda también pedirán a la Justicia que se profundice la investigación para determinar si hubo complicidad de los funcionarios de Trabajo con el Sindicato de Camioneros. Y, además, será una forma de apuntar a la responsabilidad del gremio a nivel nacional, conducido por Hugo Moyano, por haber firmado y recibido cheques de una empresa por una deuda que no existía.

El fallo de la jueza de Garantías de San Nicolás, dictado el 30 de marzo, fue inédito porque hasta ese momento nunca se había ordenado la detención de los responsables de los bloqueos sindicales, que se han generalizado en todo el país.



La orden de detención de Cabaleyro y Espíndola se concretó una semana más tarde luego de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal desestimó el pedido de eximición de prisión efectuado por los acusados y, de esa manera, dejó en firme el fallo que había dispuesto su arresto.

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