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San Nicolás de los Arroyos
sábado, 21 mayo, 2022

Edición N° 4056

ASEGURAN QUE CABALEYRO EXIGIÓ 800.000 PESOS PARA NO BLOQUEAR EL INGRESO A LA DISTRIBUIDORA REY

LO QUE ESTÁ EN EL EXPEDIENTE

Uno de los propietarios de la empresa sampedrina que denunció al dirigente del Sindicato de Camioneros le afirmó a este diario que le pidieron 800.000 pesos para no volver a bloquear el acceso y salida de camiones a la planta, una exigencia a la que los empresarios accedieron en el contexto de imposibilidad de seguir operando. Según el relato del denunciante, este episodio se produjo con la denuncia ya presentada ante una exigencia que previamente habría hecho el delegado de Camioneros, Di Mayo, de recibir mensualmente –y de manera extra– el monto equivalente a un salario promedio.

El bloqueo a la planta Rey Distribución SRL es considerado por los investigadores una modalidad de «extorsión» de Camioneros a los empresarios sampedrinos. ARCHIVO

De la redacción de EL NORTE
redaccion@diarioelnorte.com.ar



La situación procesal para Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola es muy comprometida, en el marco de la imputación que se les impuso por «turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción», agravada en las últimas horas por la acusación de «extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico».

A los dirigentes del Sindicato de Camioneros detenidos desde el 8 de abril pasado se los acusa, entre otros hechos, de haber exigido a los propietarios de la distribuidora sampedrina Rey una suma de 800.000 pesos para no volver a bloquear el ingreso a la planta, una medida que el gremio había instrumentado en enero y febrero con el argumento de un supuesto incumplimiento con algunos trabajadores.



En ese contexto, uno de los propietarios de Rey Distribución SRL le asegura a este diario que Maximiliano Cabaleyro exigió 800.000 pesos para no volver a bloquear el acceso y salida de camiones a la planta ubicada en San Pedro, una exigencia a la que los empresarios accedieron en el contexto de imposibilidad de seguir operando. Este episodio se produjo con la denuncia ya presentada por parte de los empresarios ante una exigencia que previamente habría hecho el delegado de Camioneros, Di Mayo, de recibir mensualmente –y de manera extra– el monto equivalente a un salario promedio.

Pero hay más. Una vez que los propietarios de la firma Rey «pagan» los 800.000 pesos que aseguran haber sido exigidos por Maximiliano Cabaleyro para evitar futuros bloqueos, el delegado del gremio en esa planta le vuelve a pedir a los propietarios un sueldo por mes. “Si no me pagás, vamos a apretar por el lado del ministerio”, dicen que dijo Di Mayo.

Durante el allanamiento llevado a cabo el lunes de esta semana, se habría encontrado los mismos recibos que en el sindicato en San Nicolás, en los que el gremio deja asentado el ingreso del dinero pagado por la empresa Rey Distribución SRL, pero sin ningún documento que certifique la presunta deuda que los gremialistas dicen haber cobrado con esos cheques, que la familia denunciante señala como el pago de la «coima» que les exigían para dejarlos “trabajar tranquilos”.

Lo que viene

A partir de lo que la investigación llevada a cabo por la fiscal María del Valle Viviani tiene acreditado en el expediente, mañana lunes podría formalizarse el pedido de prisión preventiva para los imputados Cabaleyro y Espíndola.



A partir de entonces, la jueza María Eugenia Maiztegui deberá convocar a una audiencia en la que la parte acusadora y la defensa particular de los acusados expondrán sus argumentos.

Viviani sostiene que existe peligro procesal y pedirá que los imputados afronten el proceso detenidos por el riesgo de entorpecimiento de la causa. El plazo máximo de duración de la prisión preventiva es de ocho meses. En ese lapso deberá elevarse la causa a juicio si se reúnen las pruebas suficientes para sostener la acusación.  

La acusación inicial de «turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción», ampliada ahora por presunta «extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico», tiene una expectativa de pena de entre 5 y 10 años, por lo que una condena supone prisión efectiva.

En Chaco, parecido

El empresario Matías Morante tuvo bloqueado durante quince días su local de venta de materiales de construcción en Resistencia (Chaco). El Sindicato de Camioneros le reclamaba el encuadramiento de 6 de sus 50 empleados y levantó la protesta el 12 de abril cuando el empresario denunció: “Nos están asfixiando”. En las últimas horas volvieron a bloquearlo, desafiando incluso una orden judicial de desalojo, y el dueño de la pyme dijo que no aguanta más: “Ya paré todo y voy a cerrar la empresa. Me duele en el alma, intenté de todo, pero nadie nos dio una mano”.

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