Chile ha decidido militarizar su frontera con Perú y Bolivia con el fin de controlar el ingreso de migrantes ilegales a través de pasos no habilitados.
El Gobierno de Gabriel Boric ha emitido un decreto que permitirá que las fuerzas armadas patrullen las regiones norteñas de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta durante 90 días.
Durante este tiempo, podrán realizar controles de identidad, registrar equipajes y detener a aquellos que entren o salgan por pasos no habilitados.
La medida se ha tomado debido al aumento de los flujos migratorios en el país, lo que ocasionalmente permite la llegada masiva de población a través de pasos no habilitados.
Según datos del Ministerio del Interior, solo en el año 2021 se registraron más de 122.000 ingresos irregulares al país, principalmente de ciudadanos haitianos, venezolanos, colombianos y peruanos.
El Gobierno chileno ha adoptado diversas medidas para intentar controlar el flujo migratorio, como la construcción de cercos y zanjas en la frontera norte, el refuerzo de la presencia policial y militar en la zona, y la implementación de políticas para regular la migración. Sin embargo, estas medidas han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos y de migrantes, que denuncian violaciones a los derechos de las personas y un enfoque excesivamente represivo.
La militarización de la frontera con Perú y Bolivia es una medida controvertida que ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad chilena y de los países vecinos. Mientras que algunos la consideran necesaria para garantizar la seguridad y el control migratorio, otros la ven como una medida excesiva y peligrosa que puede llevar a abusos y violaciones de los derechos humanos.
