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San Nicolás de los Arroyos
jueves, 30 mayo, 2024

Edición N° 4793

Clausuraron efectivamente el edificio de LT24

Luego de conocerse la declaración de quiebra, el Poder Judicial dispuso la clausura de las oficinas de LT24.

LT24
La cinta de clausura junto a una copia de la disposición judicial se exhiben en el edificio de Av. Moreno.

Tras comenzarse todo el proceso judicial debido a la declaración de quiebra en de “La Voz de San Nicolás”, sociedad anónima que venía administrando el histórico gigante mediático local conocido por todos como Radio San Nicolás o LT24, hoy se concretó la clausura del edficio.

En estos momentos, en las puertas del edificio ubicado en Av. Moreno 124 se puede ver la disposición emitida por el Poder Judicial acompañada de las cintas de clausura que impiden la apertura de las puertas. La notificación electrónica fue ordenado por el Juez Hernán Victor Prat.

Previo a lo notificado este lunes, el pasado 28 de abril se informó que el Juzgado Civil y Comercial decidió dejar firme la quiebra. Tras concretarse el cierre de las instalaciones, el paso siguiente sería la liquidación de bienes, aunque la expectativa entre los demandantes –quienes deben ser indemnizados- es prácticamente nula.

Cabe señalar que son los trabajadores quienes tienen prioridad de cobro al momento de saldarse la deuda de una empresa en quiebra. La síndico, Cristina Pérez, es la responsable de administrar los bienes de la empresa y cancelar las deudas.

Para entender el desarrollo histórico de este proceso judicial es preciso explicar que en 2014 comienza un proceso de despidos, y se iniciaron juicios en los tribunales laborales de San Nicolás. Algunos de los empleados de menor antigüedad avanzaron en acuerdos de desvinculación de la empresa, pero los de mayor cantidad de años en la empresa iniciaron acciones legales. Todo esto se desprende del relato de un profesional que interviene en la causa.



Cuando se inicia el concurso preventivo, se avanzó en un principio de acuerdo entre los cuatro trabajadores que computaban la mayor parte de la deuda con los trabajadores (51%). Era una solución rápida y –en cierta medida– conveniente para los demandantes. Aunque ese principio de acuerdo quedó trunco al aparecer un nuevo demandante que se presentó fuera de término y, por consejo de su abogado, impugnó el procedimiento y solicitó la nulidad de ese entendimiento. Así, el acuerdo se cayó.

Al fracasar el concurso preventivo, se decretó la quiebra. Es decir, debía procederse a la venta de los bienes para afrontar los compromisos con los acreedores (trabajadores, AFIP, Sadaic, etc.).

Allí surge el problema para los demandantes, puesto que el inmueble ubicado en avenida Moreno 124 está a nombre de un privado y no de la sociedad anónima, que solo tiene a su nombre los distintos pasivos y bienes de bajo costo como micrófonos, consolas, etc. Es decir que lo poco que queda para rematar representa una suma mínima para el resarcimiento de los demandantes. Dicho en criollo, los trabajadores recibirán monedas.



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