El día 2 de octubre de 1948, en Buenos Aires (Argentina), a iniciativa del notario José Adrián Negri, en ocasión de celebrarse el Primer Congreso Internacional del Notariado Latino, se gestó la idea de formar una unión de notariados, con principios comunes. Esa fecha quedó establecida estatutariamente para evocar la fundación de la Unión Internacional del Notariado Latino (UINL). Posteriormente, en el año 1950, en Madrid (España), con motivo de la celebración del Segundo Congreso Internacional del Notariado Latino, se fundó legalmente la Unión.
En dicha oportunidad se definió al Notario Latino como “El profesional de derecho encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndolo de autenticidad, conservar los originales de éstos y expedir copias que den fe de su contenido. En su función está comprendida la autenticación de hechos…”.
¿Qué es la UINL?
Fue durante el Primer Congreso Internacional del Notariado Latino que se gestó la idea de formar una unión de notariados, con principios comunes. La fecha quedó establecida estatutariamente para evocar la fundación de la Unión Internacional del Notariado Latino (UINL).
La Unión Internacional del Notariado Latino es una organización no gubernamental (ONG) formada por las asociaciones profesionales de notarios de más de ochenta países en cinco continentes, cuyos sistemas notariales son de tipo latino, fundado en el derecho romano-germánico.
La UINL fue constituida para promover, coordinar y desarrollar la actividad notarial en el orden internacional, con la finalidad de asegurar mediante una estrecha colaboración entre los notariados la dignidad e independencia de los mismos, para brindar un mejor servicio a la comunidad. La Unión representa la totalidad de los notariados latinos, cuyos miembros son profesionales de derecho en ejercicio de una función pública.
Los notarios aconsejan a las partes de manera independiente e imparcial. Su función es delegada por el Estado, si bien su actividad no encuadra jerárquicamente en la Administración pública, confieren autenticidad a los documentos que redactan en garantía de la seguridad jurídica.
