Un tribunal penal en Argentina condenó el 6 de diciembre a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta. Sin embargo, la vicepresidenta fue absuelta del cargo de ser jefa de una asociación ilícita. La sentencia también la inhabilita a la exmandataria a ocupar cargos públicos de por vida. Cristina negó los cargos y afirma ser víctima del “lawfare” o guerra jurídica.
Esta fue la primera vez en la historia del país que un vicepresidente en funciones es juzgado y condenado por la justicia. No obstante, el fallo no supone que la vicepresidenta entre inmediatamente a la cárcel, ya que primero debe ser ratificado por la Cámara de Casación y la Corte Suprema, lo que podría tardar años. La exvicepresidenta goza además de fueros que impiden que sea arrestada hasta el 10 de diciembre de 2023, cuando concluye su mandato, y podrá presentarse a elecciones para un nuevo cargo en los comicios del año próximo, lo que podría extender su inmunidad. La exmandataria fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro, quien también fue condenado, al igual que otros siete exfuncionarios kirchneristas.
De qué se acusó a CFK
Cristina fue condenada por haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, que Néstor Kirchner gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde aún mantiene su residencia la vicepresidenta.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dijeron que los Kirchner “instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que, lamentablemente y tristemente, se hayan desarrollado en el país”.
La acusación aseguró que, días antes de asumir la presidencia, en 2003, crearon una empresa constructora, llamada Austral Construcciones, a la que luego le fueron adjudicadas la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.
Según los fiscales, pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, que actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.
Según los ficales Luciani y Mola, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de la provincia de Santa Cruz durante el período en el que los Kirchner gobernaron el país.
Pero solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, dijeron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios.
“Todas las licitaciones fueron una farsa. Hubo una cartelización organizada por el Estado nacional”, acusaron, estimando que la maniobra de corrupción perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones, dinero que -pidieron- sea decomisado de los bienes de los condenados (los jueces sentenciaron que se decomisen unos US$300 millones, cuando la condena quede firme).
Durante su alegato, los fiscales detallaron que las irregularidades en favor de Báez se multiplicaron en 2007 y 2011, años de elecciones nacionales (que ganó el kirchnerismo), y aseguraron que esto se debió a que la asociación ilícita buscaba recaudar para las campañas electorales.
Austral Construcciones dejó de operar en diciembre de 2015, momento en que Cristina Kirchner dejó el poder, un hecho que -para la Fiscalía- también demuestra que había un vínculo entre la constructora de Lázaro Báez y los Kirchner.
Qué dijo Cristina
La principal base de la defensa de la exmandataria fue que la Fiscalía no produjo evidencias -ni un solo documento o mensaje- que vincularan directa y personalmente a la entonces presidenta con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez.
“Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial”, detalló la vicepresidenta en su cuenta de Twitter, donde refutó muchos de los argumentos que presentaron los fiscales.
La defensa también sostuvo que la Justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.
Kirchner también señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas.
“El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación”, observó, agregando con ironía que en todo caso el Tribunal tendría que juzgar a quien fue el primer jefe de gabinete del kirchnerismo entre 2003 y 2008: el actual presidente Alberto Fernández, quien solo declaró en la causa como testigo de la defensa y ha sido uno de los más partidarios de su vicepresidenta.
Por otra parte, la vicepresidenta remarcó que otro Poder del Estado, el Congreso, aprobó esas inversiones cuando sancionó la ley de presupuesto, incluso con algunos votos del macrismo.
Y defendió el otorgamiento de fondos a la provincia donde reside, afirmando que “la inversión en obra pública vial de Santa Cruz se justificaba ampliamente por el déficit que presentaba su red vial en el año 2003”.
En tanto, señaló que las 51 obras cuestionadas ya habían sido investigadas por la Justicia de esa provincia, que no halló evidencias de corrupción, y que para este juicio solo se peritaron 5 “obras testigo”.
“Lawfare”
Además de desestimar las acusaciones en su contra, Kirchner ha mantenido que la llamada “causa Vialidad”, que se inició por una denuncia presentada por la oposición en 2008 (durante su primer gobierno) y llevó a su procesamiento en 2016, durante el primer año de gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, es parte de una persecución política, mediática y judicial orquestada por su rival político.
Cuando Kirchner declaró como indagada en la causa Vialidad en diciembre de 2019 -días antes de volver al poder como vicepresidenta de Alberto Fernández- se negó a responder preguntas de la Fiscalía y criticó duramente a los magistrados que la estaban juzgando.
“Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, sentenció ante los tres jueces, a quienes ella misma había designado durante su gobierno.
En las otras dos oportunidades que tuvo para expresarse durante el juicio, durante su alegato final y la semana última, al cierre del proceso, -en ambas ocasiones habló por videoconferencia y se trasmitieron sus palabras en vivo- la vicepresidenta endureció sus acusaciones.
“Cuando hablé del lawfare fui muy generosa; más que un tribunal de lawfare es un verdadero pelotón de fusilamiento”, dijo al Tribunal, días antes de que la condenaran.
La funcionaria afirmó que el juicio busca proscribir al kirchnerismo.
“Esta suerte de pelotón de fusilamiento tuvo como objeto, desde el principio, estigmatizar a un espacio político y fundamentalmente a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio” -dijo en referencia a sí misma- “para que nunca nadie vuelva a atreverse a hacer las cosas que hicimos nosotros”, señaló, enumerando algunos de los “logros” de los 12 años en los que gobernaron ella y su difunto marido, incluyendo varias estatizaciones.
También comparó el accionar de la Justicia con el del régimen militar de los años de plomo.
“El Partido Judicial vino a sustituir al viejo Partido Militar que impedía expresarse libremente a la voluntad popular, que condicionaba la democracia… hoy el Partido Judicial también cumple este rol (…) viene a estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina”, afirmó.
Cristina Kirchner descartó el renunciamiento
Después de recibir la condena, la vicepresidenta hizo su presentación en Avellaneda y se refirió a su discurso anterior, en el que había dicho que no iba a ir de candidata a ningún cargo en las próximas elecciones 2023, luego de conocer el fallo en contra por la causa Vialidad. Al respecto, descartó el renunciamiento y desde el kirchnerismo ya reactivaron el “operativo clamor” para que la Vicepresidenta vuelva a ser candidata en el 2023.
“Empezaron a hablar del renunciamiento de Cristina y de la autoexclusión. El único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva Perón. Y acá tampoco hay autoexclusión, acá hay proscripción”, dijo la expresidenta en la inauguración del Polideportivo Municipal ubicado en el barrio Villa Corina.
La Vicepresidenta manifestó que la estrategia de proscripción “no es nueva”, que “la empezaron a pergeñar el 9 de diciembre” y que “lo primero que hicieron fue armar un juicio con denuncias y una cronología electoral impresionante”.
“Yo anuncié que no iba a someter a la fuerza política nuestra a llevar a una candidata a la que le iban a decir que estaba condenada y de esta manera ser absolutamente funcional a lo de ellos. No es contra mí, es contra el peronismo”, agregó.
Axel Kicillof alentó el “operativo clamor”, con el objetivo de que la Vicepresidenta sea candidata en 2023, pese a la inhabilitación perpetua que tiene en su contra.
“Pueden seguir amenazando a Cristina. Todos vimos con el corazón en la boca cómo te gatillaban en la cabeza, y quiero decir que eso es muy impresionante, que nos conmueve mucho, aunque lo han tratado de tapar, que ahora no lo quieren investigar, que luego de eso han buscado la proscripción, han sacado una condena escandalosa pidiendo la cárcel”, expresó el gobernador bonaerense.
