El narcotraficante condenado está acusado de usar una red de testaferros para registrar propiedades, vehículos y embarcaciones a su nombre. Este caso, que fue transferido por la Justicia provincial hace dos semanas, es el resultado de una minuciosa investigación realizada por la Policía de Investigaciones.
La Justicia federal de Rosario interrogó este martes al narcotraficante condenado Esteban Lindor Alvarado en una causa de lavado de activos transferida desde la Justicia provincial. Se le acusa de utilizar testaferros para registrar propiedades, vehículos y embarcaciones a su nombre. La investigación, llevada a cabo con precisión por la Policía de Investigaciones.
La indagatoria se realizó en el Juzgado federal Nº 4 de Rosario, donde Alvarado fue señalado como jefe de una asociación ilícita dedicada, entre otros delitos, al lavado de dinero. En el acto participaron los fiscales Matías Scilabra, Federico Reynares Solari, Diego Velasco y Juan Argibay Molina, quienes desempeñan roles clave en la investigación y litigación de casos complejos.
El caso llegó a la Justicia federal tras ser aceptada su competencia, inicialmente investigada por los fiscales provinciales Marisol Fabbro y Miguel Moreno del Ministerio Público de la Acusación, con el apoyo de la Policía de Investigaciones, dirigida por el comisario Natalio Marciani.
Las acusaciones incluyen la utilización de testaferros para registrar inmuebles, vehículos, embarcaciones y aeronaves. Así como la creación y uso de una distribuidora de carbón llamada Carbón Rosario.
Además, se imputaron a otras diez personas como integrantes de la asociación ilícita dedicada al lavado de activos, quienes serán interrogadas este miércoles. Según la acusación, Alvarado coordinaba estos delitos desde la cárcel federal de Ezeiza, donde cumple una pena de 15 años. El Ministerio Público Fiscal indicó que desde la prisión, Alvarado ordenaba diversas actividades ilícitas, pagos y maniobras financieras.
Los fiscales detallaron que Alvarado utilizaba testaferros para adquirir vehículos con dinero ilícito y ordenaba la usurpación de galpones en diferentes puntos de la ciudad para resguardar los bienes adquiridos, empleando el poder de fuego de su organización para realizar acciones extorsivas previas a la ocupación de los inmuebles.