Una inversión millonaria del Estado y el gobierno regional acaba con una ley que estaba en el punto de mira de la Unión Europea, de ecologistas y del mundo científico, y que llegó a propiciar el boicot continental a productos españoles como la fresa
El Gobierno de España y el regional de Andalucía han llegado a un acuerdo que pone fin a la guerra del agua que amenazaba al mayor humedal del país, el Parque Natural de Doñana, un símbolo de biodiversidad cercado por la sequía, por la agricultura de regadío y por los miles de pozos ilegales que lo rodean.
El acuerdo ha tumbado la ley que el conservador Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta en Andalucía, había impulsado para regularizar la extracción ilegal de miles de metros cúbicos de agua y que estaba en el punto de mira de la Unión Europea (UE), institución que amenazaba con graves sanciones por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que ya condenó a España en 2021.
La polémica saltó al escenario internacional en el último año y provocó el boicot en Alemania de la fresa de los productores de Huelva, como medida de presión para salvar un ecosistema único en Europa, donde habitan animales en peligro de extinción, como el lince ibérico, y se reproducen miles de aves europeas y africanas.
La ley abanderada por el PP, y respaldada por otros dos partidos, Ciudadanos y el ultraderechista Vox, provocó un fuerte encontronazo con el ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, liderado por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.
Sin embargo, este lunes se escenificó la paz con un paseo conjunto de Ribera y el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, por los humedales de Doñana y declaraciones de ambos señalando la importancia de un acuerdo que significa una amnistía para el Parque Natural y un impulso para el desarrollo de la región.