El Juzgado de Garantías Nº 3 rechazó este lunes el pedido de prisión domiciliaria efectuado por Maximiliano Cabaleyro por razones de salud. La audiencia con intervención de las partes había tenido lugar el pasado martes. La defensa adelantó que apelará la decisión.
De la redacción de EL NORTE
La jueza María Eugenia Maiztegui, a cargo del Juzgado de Garantías Nº 3, rechazó el pedido efectuado por los defensores de Maximiliano Cabaleyro para que atenuara la medida coercitiva que viene cumpliendo su defendido en la Unidad Penitenciaria Nº 3 por la de prisión domiciliaria. La solicitud se fundaba en que los padecimientos de salud que el imputado viene sufriendo no pueden ser debidamente atendidos en el establecimiento carcelario. La audiencia en la que la jueza escuchó las razones de las partes antagónicas se desarrolló el pasado martes.
La defensa particular había pedido que se tenga en cuenta el arraigo, la contención familiar, el domicilio conocido y el estado de los establecimientos carcelarios, prestando especial atención al estado de salud de Cabaleyro, quien padecería de diversas patologías conforme a los certificados médicos presentados como prueba. Destacan las condiciones de la Unidad Penal en cuanto a la superpoblación, al hacinamiento y a los altos índices de violencia, la existencia de un foco de fiebre hemorrágica, la presencia de roedores y demás pestes que hacen inhumano el alojamiento de personas y, según manifiesta la defensa, el imputado se encontraría durmiendo en el piso.
La posición de la fiscal María del Valle Viviani, en el lado opuesto, fue la de la negativa fundada en que consideraba que no existiría ninguna circunstancia que amerite la concesión de la medida de morigeración que había solicitado la defensa.
La decisión
La decisión por la negativa del Juzgado de Garantías tuvo en cuenta que todo lo relativo a la salud de Maximiliano Cabaleyro estaba siendo atendido debidamente en el lugar actual de alojamiento y que la Unidad Penal se encuentra en condiciones de brindar la atención médica requerida, por lo que es posible cumplir el tratamiento de salud indicado. Además, la magistrada ordenó que las autoridades carcelarias provean al dirigente la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina, refuerzos contra el covid y acceso a programas de salud.
La defensa de Cabaleyro, representada por el abogado Mauricio Gugger, adelantó a EL NORTE que recurrirá la decisión ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal para lo cual cuenta con 5 días hábiles. La Cámara deberá resolver dentro de los 10 días de presentado el recurso.
El otro gremialista implicado en la causa por extorsión, Fernando Espíndola, había solicitado una medida similar que le fue denegada en el mes de agosto. Ambos pedidos fueron interpuestos casi a la par, pero la audiencia de Cabaleyro se demoró debido a la espera de estudios médicos que debían incorporarse a los elementos de prueba.
Reiteración del pedido
Las solicitudes de conversión de la prisión preventiva hacia una medida alternativa domiciliaria habían sido nuevamente interpuestas luego de que la Cámara de Casación anulara la prisión domiciliaria con la que el juez de Garantías Román Parodi había beneficiado a los sindicalistas de camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, detenidos acusados de “pedir coimas para dejar trabajar” a la empresa Rey Distribución.
El Juzgado debía retomar desde cero el planteo de prisión domiciliaria elevado por la defensa de los sindicalistas y otorgar a la Fiscalía la posibilidad de oponerse. Respecto de Espíndola, la defensa había aducido que el imputado padecía de diabetes y que las condiciones de detención agravarían su estado; Viviani se opuso a la morigeración y pidió que el acusado permanezca en prisión. La jueza Maiztegui en su decisión dada a conocer a mediados de agosto no hizo lugar al pedido de arresto domiciliario en beneficio de Espíndola, que había sido nuevamente interpuesto.
La imputación
Los sindicalistas del gremio de Camioneros, Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, están detenidos desde el 8 de abril pasado, en el marco de una causa que comenzó cuando los propietarios de la empresa Rey Distribución los denunciaron por “pedir coimas” para “dejarlos trabajar tranquilos”. Están imputados de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción, y también por extorsión por suscripción de documento con efecto jurídico, un delito que tiene una pena de entre 5 y 10 años de prisión.
