La decisión sobre el funcionario que está bajo la órbita de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se plasmó en el decreto 323/2024.
Este miércoles, a través del Decreto 323/2024, publicado en el Boletín Oficial con firmas del presidente, Javier Milei, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, asignó “rango y jerarquía de Secretario de Estado al titular de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación”.
Después determina que el gasto “que demande el cumplimiento” de esta medida se atenderá con los créditos que se le asignaron a Karina Milei, justo cuando ayer, a través de la decisión administrativa 207/2024, la hermana del Presidente se hizo con 64.100 Unidades Redistributivas más, que son las que componen los salarios públicos.
Cada unidad vale $634,72, por lo que Karina Milei ya tenía $40 millones más a disposición. En la misma publicación se le quitaron 35.000 Unidades Redistributivas a Posse, es decir, $22,2 millones menos.
Uno de los justificativos para el ascenso fue que, debido a la “naturaleza” de las tareas de Adorni y de su subsecretaría, “vinculada directamente con el accionar del Presidente”, resultó “conveniente” asignarle rango y jerarquía de secretario de Estado.
De esta manera, Adorni percibirá un incremento en su sueldo: pasará de $2.981.513.49 brutos a $3.282.709,47.
Vale recordar que, el pasado martes a través del Decreto 301/2024, con la firma de todo el Gabinete, se le había quitado el rango ministerial al cargo de Serenellini. “Resulta necesario incorporar la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo como Secretaría Presidencial y adecuar el rango y jerarquía del titular de la Secretaría de Prensa”, expresa la norma.
Esta medida dejó al funcionario sin firma para designar integrantes en su equipo de comunicación y autorizar pagos de pauta, al igual que su chofer con auto oficial y su custodia personal. Un vacío de poder que se atribuye a su decisión de haber autorizado pagos por casi $100 millones por montos adeudados de pauta oficial de la gestión de Alberto Fernández.