15.7 C
San Nicolás de los Arroyos
lunes, 11 octubre, 2021

Edición N° 3833

MENOS DEL 25% DE LOS TRABAJADORES INFORMALES COBRA UN INGRESO DEL ESTADO

Uno de los comedores comunitarios del MTE en el barrio popular Santos Vega. WEB


Con el objetivo de generar puestos de trabajo registrados, el Gobierno envió este viernes un proyecto de ley para reconvertir los programas y planes sociales. Este tipo de ingresos y transferencias estatales alcanza a un sector de la economía informal, tal vez la más ruidosa: la que se moviliza con marchas y concentraciones por los centros urbanos. Lo cierto es que involucra un pequeño segmento de la “economía popular”: apenas una de cada cinco personas del segmento del trabajo no registrado cobran estas asignaciones.

Conclusión

La conclusión se desprende del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep), a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El relevamiento busca identificar a todas aquellas personas que se dedican a actividades informales como la venta ambulante, cartoneros, pequeños agricultores, trabajadoras sociocomunitarias, obreros de la construcción, entre otras. En el informe de mayo de 2021, se indicaba que solo el 22,4% de inscriptos al relevamiento oficial percibía la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el 22,1% cobraba el programa “Potenciar Trabajo”.

“La enorme mayoría de los/as trabajadores/as de la economía popular registrados/as no se encuentran inscriptos fiscalmente de manera individual y no perciben ninguno de los principales programas de asistencia social y laboral”, concluía el reporte.



En su última actualización de agosto de 2021, el Renatep incorporó un total de 2.830.520 personas. En contraste, la población que trabaja en sector privado formal, público o como monotributistas suma 12.034.000. La contabilidad del sector informal no es exhaustiva: se estima que son seis millones las personas que viven del trabajo no registrado. Es un relevamiento que sigue en construcción.

El Renatep tiene su importancia: es una de las condiciones para acceder al programa “Potenciar Trabajo”, que cuenta con más de 1.100.000 beneficiarios. Sus titulares perciben como asignación un monto equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y pueden optar, como contraprestación, en la participación de proyectos cooperativos de índole laboral, comunitaria o productiva. Están alcanzados por la Ley de Salario Social Complementario.

El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, señaló que el proyecto de ley de su autoría “Un Puente al Empleo” tiene como objetivo “transformar, de manera gradual y con un criterio federal, los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en empleo formal”. La iniciativa otorga facilidades como el mantenimiento de los planes sociales por 12 meses como complemento del salario y el acceso a obra social y ART. Los trabajadores deberán capacitarse y completar cursos de formación para acceder. También podrán participar empleados de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.



El “Potenciar Trabajo” es una de las políticas sociales más masivas que impulsa el Estado, pero no la única. Existen otro tipo de iniciativas en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. En marzo de 2021, según datos oficiales, se contabilizaban 275.956 beneficiarios en distinto tipo de programas vinculadas a la asistencia de desocupados, promoción y sostenimiento del empleo, entre ellos el “Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”.

Para los movimientos sociales, los programas como el “Potenciar Trabajo” no son un problema porque tienen como destinatario a la economía popular que “está organizada”. Es decir, son transferencias que impactan en el sector que se moviliza, “ganó derechos” y está sindicalizado en entidades como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que encabeza Esteban “Gringo” Castro.

Sin embargo, la realidad también es heterogénea en el campo organizado. Según fuentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) -una de las organizaciones alineadas con el Frente de Todos-, esta organización cuenta con cerca 230 cooperativas activas, integradas por alrededor de 4000 miembros. Llegó a tener 338 a nivel nacional, entre 2004 y 2005, que se dedicaron en ese tiempo a la construcción de cerca 7000 viviendas y urbanización con pequeñas obras civiles. Tuvieron una incursión en el sector privado, con proyectos como la edificación de una sucursal del Banco Santander o la construcción de un Club House en un country.



Falta de continuidad

Una de las dificultades es “la falta de continuidad” en el trabajo de estas organizaciones, lo que les impide avanzar en su formalización y concretar trámites mínimos, como el pago del monotributo, entregar balances o sostener una cuenta bancaria. Estas irregularidades propiciaron que muchas cooperativas de la CCC se dieran de baja durante la gestión de Cambiemos. Aseguran que tienen presentadas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) cerca de 300 cooperativas que esperan el otorgamiento de la matrícula.


ÚLTIMAS NOTICIAS





error: ¡Contenido protegido!