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San Nicolás de los Arroyos
sábado, 13 julio, 2024

Edición N° 4836

Mientras Francia hace del aborto un derecho constitucional, en Reino Unido aumentan las condenas

En momentos en que Francia consagra la interrupción voluntaria del embarazo en su Constitución, Reino Unido enfrenta un fuerte aumento de las condenas por aborto. En Inglaterra y Gales se utiliza una ley de 1861 para procesar a mujeres, y al menos en un caso se ha llegado a una condena de prisión

Francia se convirtió en el único país del mundo que protege el derehco a interrumpir un embarazo en su Constitución. Después de que este lunes se añadiera oficialmente el acceso al aborto a las libertades garantizadas en la Carta Magna francesa. Se trata de una reacción directa al retroceso del derecho al aborto en Estados Unidos y otros países.

Sin embargo, al otro lado del Canal de la Mancha, las mujeres siguen corriendo el riesgo de ser procesadas por someterse a la intervención. Esto se debe a que el aborto no se ha despenalizado en Reino Unido.

Las británicas se enfrentan a un fuerte aumento de las condenas por aborto, con una ley que data de 1861 que se utiliza para procesar a las mujeres y, en al menos un caso, conduce al encarcelamiento.



Entre 1967 y 2022, tres mujeres sufrieron condnas por abortar ilegalmente en Inglaterra y Gales. Pero solo en los últimos 18 meses, seis mujeres fueron procesadas por presuntos delitos de aborto.

De los seis casos, tres se archivaron y dos están a la espera de jucio, según el Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo (BPAS). Una mujer fue a prisión.

Según la legislación aprobada hace 163 años, el aborto sigue siendo un delito en Inglaterra y Gales.



La Ley de Delitos contra las Personas de 1861 establece que es ilegal que una mujer se procure su propio aborto o facilite los medios para que otra mujer interrumpa un embarazo.

Lo que hoy hace accesible la interrupción del embarazo es la Ley del Aborto, aprobada por el Parlamento en 1967. La norma permite a los médicos practicar abortos y a las mujeres acceder a ellos, pero solo si cuentan con la autorización de dos médicos colegiados y reúnen al menos una de una serie de circunstancias específicas.

Entre ellas están el posible riesgo para la salud física o mental de la madre o de los hijos existentes en su familia, cualquier riesgo sustancial para su vida y cualquier anomalía física o mental grave que pudiera presentar el feto.



En 1990 se añadió un plazo de 24 semanas, pero con excepciones, por ejemplo, si la mujer corre riesgo de muerte o “daño permanente” para su salud física o mental, o si existe una anomalía fetal grave.

Pero fuera de estas restricciones, las mujeres pueden seguir enfrentándose a una pena de cadena perpetua, una de las penas más duras por abortar ilegalmente en Europa.

Muchos países de Europa aún castigan por realizarse un aborto o por abortar fuera del sistema sanitario, afirma Mara Clarke, cofundadora de Supporting Abortions for Everyone (SAFE), organización benéfica paneuropea para facilitar el acceso al aborto. “Pero ninguna de las penas es la cadena perpetua”, agrega.

Los médicos de Inglaterra, Gales y Escocia tienen la última palabra sobre si una mujer puede o no acceder a un aborto. Ellos determinan si el riesgo para la salud es lo suficientemente grave como para exigir la interrupción del embarazo, si el aborto es necesario para evitar un “daño permanente grave” a la salud mental o física de la mujer, e incluso pueden renunciar a prestar servicios de aborto si se oponen por motivos de conciencia.

Una mujer en Inglaterra o Gales puede incluso ser procesada si compra píldoras abortivas por Internet sin la autorización de los dos médicos requeridos, o si interrumpe su embarazo más allá del límite de 10 semanas para los abortos médicos a domicilio o de 24 semanas para los abortos en un centro sanitario acreditado.



Otros profesionales de la salud, incluidas las enfermeras, no están habilitados a autorizar un aborto, y la doble aprobación solo está reservada a los médicos.

“No se tienen en cuenta las razones por las que una mujer puede querer interrumpir un embarazo”, según un grupo de la campaña por el derecho al aborto en el Reino Unido dirigido por profesionales sanitarios llamado Doctors for Choice (Médicos por el derecho a decidir).

“La ley impide que enfermeras y matronas tengan un papel pleno en la atención al aborto a pesar de estar más que capacitadas para ello”, afirma el grupo en su página web.



El diario ‘The Independent’ informó que el doctor Jonathan Lord, copresidente de la Sociedad Británica de Proveedores de Atención del Aborto, sabe de al menos 60 investigaciones penales sobre presuntos abortos ilegales en Inglaterra y Gales desde 2018.

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