Diario El Norte

Editorial

Conflictos que deberían evitarse para no perjudicar a miles de usuarios

09 Septiembre 2017 (22:44)

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Por estos días, miles de usuarios están sufriendo nuevamente las consecuencias de un conflicto en el transporte de pasajeros. En esta oportunidad el mismo afecta a los servicios de larga distancia, se origina en el incumplimiento de un grupo de compañías del acta que dispuso una suba salarial del 21% a los choferes.

El gobierno decidió además multar a las empresas de micros de larga distancia que cerraron sus ventanillas y no devolvieron los importes de los tickets a todos los pasajeros afectados por el paro dispuesto por el gremio del sector.

Si bien la medida de fuerza es impulsada por el personal de un grupo de 10 empresas nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), para el Ministerio de Trabajo y Transporte la responsabilidad recae en las compañías que no pagaron el aumento salarial del 21% decretado a fin del mes pasado por la cartera que dirige Jorge Triaca.

Hasta el momento, una decena de compañías, las más grandes y con la mayor cantidad de oferta de servicios, están afectadas por el quite de colaboración de su personal. Con el correr del fin de semana más empresas se sumarían al paro.

Hasta ahora, las empresas sancionadas son Chevallier,  Ciudad de Gualeguaychú, Flecha Bus, Empresa Argentina, General Urquiza, Pullman, San José, Andesmar, Tata, Costera Criolla, Sierras de Córdoba, Quebus; Micromar, Tigre Iguazú, Cata Internacional, Autotransporte San Juan Mar del Plata, Autotransporte San Juan, El Rápido Internacional y Vía Bariloche. Pero más allá de estas medidas, el conflicto promete extenderse si no hay acuerdo entre los choferes y las cámaras empresarias en cuanto a la validez del acta que homologó el aumento.

La discusión gira en torno a la validez de la resolución 595-E/2017, publicada por el Ministerio de Trabajo, por la cual las compañías deberán incrementar los salarios de su personal un 21% en promedio distribuido en tres tramos, más otras sumas complementarias, no remunerativas, de un total de $9900, distribuidos en seis cuotas de $1650 cada una a partir de agosto.

En concreto, aseguran que el incremento salarial agravará el complicado escenario en el que se encuentran las empresas de micros, con una ocupación cada vez más baja y que hoy llega al 47% de la capacidad de una unidad. También sostienen estar perdiendo usuarios en manos de las compañías aéreas de cabotaje, alentado por la política de cielos abiertos impuesta desde el gobierno nacional.

Lo cierto es que desde hace días miles de usuarios están siendo perjudicados por este conflicto. Algo similar había sucedido días atrás con el transporte aéreo, cuando medidas dispuestas por los gremios aeronáuticos dejaron varados en los aeropuertos a miles de pasajeros.

Es justamente sobre este punto que debemos reflexionar. El transporte público es un servicio esencial para el funcionamiento de un país, un servicio a la ciudadanía. No corresponde que la más mínima diferencia termine afectando su funcionamiento, porque se perjudica a muchísimas personas. Debería existir una legislación mucho más estricta, sanciones mucho más duras para quienes intenten obstruirlo.

Los trabajadores tienen derecho a reclamar, las empresas también pueden hacer sus planteos (como lo están haciendo en el conflicto de micros de larga distancia). Pero en ninguno de los dos casos se debe dejar a la gente de a pie. Los gremios deben agotar las instancias antes de instrumentar un paro, las empresas tienen que cumplir con lo acordado por la cámara que los representa, aunque algunos no estén de acuerdo.

En este caso sucedió exactamente lo contrario. Los gremios aeronáuticos instrumentaron asambleas que perjudicaron a los pasajeros, lo mismo ocurrió con las empresas de micros, que al no pagar los sueldos originaron el quite de colaboración de los choferes. Ya es hora de que todos los sectores empiecen a comportarse de manera seria y civilizada, el ciudadano común no debe ser rehén de estos conflictos, que de llevarse a cabo deberían anunciarse con la debida antelación. Los argentinos queremos vivir tranquilos, no hay forma de hacerlo si no tenemos en claro cuándo podremos movilizarnos por un algún medio de transporte, si no podemos organizar nuestras vidas, si seguimos siendo la moneda de cambio en toda negociación, sin respetarnos. El efecto de la medida de fuerza seria el mismo si se anuncia con tiempo y permite que la gente tome sus recaudos. Aprendamos a ser solidarios.