Diario El Norte

Editorial

Medidas contra el nepotismo, un mero anuncio publicitario

10 Febrero 2018 (01:33)

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Para algunos familiares de ministros, la renuncia al Estado fue inmediata. Otros aún preparan su retirada. Pero muchos parientes de altos funcionarios de Cambiemos se quedarán en la función, al no quedar alcanzados por la letra chica del decreto cuyo espíritu es evitar el nepotismo.

 

El decreto 93/2018 no alcanza a muchos familiares de altos funcionarios. Primos y tíos de importantes ministros se quedarán en el Gobierno por no tener parentesco directo. También lo harán aquellos considerados de carrera. Figuras claves del gabinete eximieron a sus familiares por no tener rango ministerial.

 

Según pudo reconstruir el diario La Nación, son solamente 12 los parientes de ministros obligados a dejar su puesto antes del 28 de febrero. Hay al menos otros siete casos relevantes dentro del gabinete que no fueron alcanzados por la norma.

 

Veamos algunos casos, sólo a modo de ejemplo.  Ana Frigerio (hermana de Rogelio Frigerio) se quedará en la función pública a pesar de tener un vínculo familiar de segundo grado con el ministro del Interior. Coordinadora en Cascos Blancos, es considerada una funcionaria de carrera. El decreto dispone que "quedan exceptuadas las personas designadas por concurso o que cuenten con estabilidad en el cargo". Tiene lógica, porque la mencionada funcionaria trabaja en Cancillería desde hace más de veinte años.

 

Tampoco renunciará Mario Frigerio, tío del ministro, que el año pasado fue nombrado subsecretario de Investigación, Desarrollo y Producción en el Ministerio de Defensa. En este caso está exento porque el decreto alcanza los vínculos de parentesco "tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado".

 

Entre los primos que se quedarán figura Cecilia Stanley, prima de la ministra de Desarrollo Social, que fue nombrada jefa de Gabinete de Asesores en esa cartera. Gabriela Michetti, en tanto, designó a su prima Alejandra Illia como jefa de su despacho en el Senado. "Es familiar en cuarto grado de consanguinidad y no está en el Poder Ejecutivo", señalaron cerca de la vicepresidenta.

 

Como contrapartida, en la última semana renunciaron dos hijos de ministros: Francisco Langieri, hijo de Patricia Bullrich y funcionario de Modernización, Matías Santos, nombrado jefe de asesores en el Ministerio de Turismo, que conduce su padre. Por su parte Rodrigo de Loredo, yerno de Aguad, deberá dejar la presidencia de la empresa estatal Arsat, que meses atrás dependía de su suegro. Aún no tiene reemplazo.

 

Asimismo, quienes presentaron su renuncia inmediata fueron los cuatro familiares del titular de la cartera Trabajo, Jorge Triaca. Su esposa, su cuñado y dos de sus hermanas se vieron forzados a irse por un decreto que fue una reacción a los cuestionamientos al ministro por el traspié con su empleada doméstica.

 

Los ejemplos son muchos, las explicaciones sobran. Pero la realidad, es que solamente 12 funcionarios dejarán sus cargos a partir del promocionado decreto anunciado por el Presidente de la Nación. En un principio habían dicho que la medida alcanzaría a medio centenar de parientes, pero tras la reglamentación la cifra se redujo drásticamente.

 

Días pasados, desde este espacio elogiamos la medida, porque marcaba un claro ejemplo de lo que debe hacerse en el Estado. Con el mismo énfasis con que apoyamos dicha decisión, ahora cuestionamos esta minimización de su alcance. En la práctica la medida se convirtió en un mero anuncio publicitario, destinado a mejorar la imagen del gobierno.

 

De todas maneras, entendemos que se trata de un paso adelante. Aunque sean solamente una docena de funcionarios los que dejan sus cargos, ya que sienta el precedente para que en el futuro no se puedan hacer nuevas designaciones por parentesco.

 

La Argentina se ha acostumbrado a convivir con varios vicios, éste es uno de los más nefastos para la administración pública. Los gobiernos de turno suelen tomar al Estado como centro de empleo familiar, de amigos y militantes políticos, cuando en realidad al Estado deberían ingresar los más idóneos.

 

Ya es hora de que se sancione una buena ley en la que se establezcan los concursos para el ingreso a la administración pública, tanto a nivel nacional, provincial como municipal.  Esa será la única manera en que podremos tener garantías de que al Estado ya no ingresarán más los acomodados, sino los más capaces. Cuando ello ocurra, seguramente el Estado comenzará a funcionar muchísimo mejor y eficientemente.