Los diputados de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo, Graciela Ocaña y Luis Petri presentaron ante la Cámara Baja un pedido de acceso a la información pública y de informes, para conocer en detalle el contrato de la empresa Labpax encargada de realizar los testeos en Ezeiza tras conocerse la investigación del diario La Nación.
Según informó el periodista Diego Cabot, el Gobierno definió que todos los argentinos que llegan a Ezeiza deben pagar obligatoriamente $ 2500 por el test de antígenos, conocido como hisopado rápido, similar al que el Gobierno porteño realiza en los centros de testeo. Nada llamativo si no fuera porque detrás de esa decisión funciona una sociedad recién creada, sin antecedentes en análisis clínicos, cuyas dueñas son dos monotributistas.
Una, Paola Perillo Orellana, está inscripta en la categoría más baja, con una facturación de $ 18.000 por mes; la otra, Laura Cáceres, puede facturar hasta $ 34.700 cada 30 días. Ambas figuran como dueñas de Labpax, la firma que maneja todos los hisopados requeridos para entrar al país y que genera al menos cinco millones de pesos por día.
Atento a las irregularidades detectadas en la investigación periodística, los diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de acceso a la información y de informes para conocer con precisión el contrato entre el Estado y la firma Labpax.
“Junto a Luis Petri y Graciela Ocaña, tras la publicación de una nota periodística, realizamos un pedido de acceso a la información pública y de informes a la Cámara de Diputados para conocer en detalle el contrato de la empresa que realiza los testeos en Ezeiza”, publicó en su cuenta de Twitter el diputado Cornejo.