Es la clave de la política de “shock” que quiere implementar el libertario Javier Milei. Afecta a la estructura del Estado, pero también al régimen laboral y al sistema electoral.
Privatización de empresas, una reforma laboral, eliminación y rebajas de impuestos, cambios de fondo en la estructura del Estado y hasta modificaciones en el régimen electoral, son algunos de los contenidos que figurarían en la llamada “ley ómnibus” que el presidente electo Javier Milei enviará al Congreso la semana que viene. Ésta contiene el corazón del paquete de “shock” con el que planea iniciar su gobierno.
Aunque en La Libertad Avanza han sido extremadamente cautelosos a la hora de precisar cuáles serán los contenidos concretos de esa mega iniciativa, dieron algunas definiciones generales, como la del presidente provisional del Senado, Francisco Paoltroni, que le dijo a Radio Provincia que tendrá “todo lo que Milei” planteó en su campaña, además de asegurar que hay que “avanzar lo más rápido posible” con la iniciativa.
Como se sabe, Milei no tiene una fuerza parlamentaria propia para aprobar la iniciativa, por lo que deberá hacer alianzas con otros espacios. En ese sentido, se mira las posiciones de PRO, la UCR y un sector del peronismo no alineado con el kirchnerismo, que podrían negociar. Los gobernadores, algunos opositores, incluyendo a los de Juntos por el Cambio, harán sentir su influencia: muchos advierten que negociarán “punto por punto”.
Un capítulo importante de ese paquete estaría constituido por la materia laboral. El paquete de reformas que elabora La Libertad Avanza incluiría la eliminación de la llamada “ultraactividad”, que implica la mantención de los logros obtenidos por los trabajadores en los convenios colectivos de trabajo -los que se vayan agregando en el tiempo- mientras el convenio original no sea reemplazado por otro.
También se habla de un modelo similar al de la UOCRA, donde en vez de las indemnizaciones generales rige un sistema por el cual el trabajador cobra un sobresueldo que se deposita em un plazo fijo inembargable que se cobra en caso de despido. Además, se iría a una suerte de “libertad de afiliación” por la cual se eliminaría la obligatoriedad de los sindicatos por rama de actividad.
En materia de privatizaciones, la idea sería dar un marco legal para poder avanzar con la venta de empresas o de paquetes accionarios de empresas. Un caso muy mirado es el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses, que permite a los representantes del Estado intervenir en el directorio de las empresas privadas y es una consecuencia de la eliminación del régimen de las AFJP.
Un camino posible es que las empresas sean convertidas, en principio, en sociedades anónimas, para luego venderlas al sector privado. Pero también, como en el caso Aerolíneas Argentinas, se habló de entregar los paquetes accionaros a los empleados.
El achicamiento del Estado, que a nivel nacional tiene unos 700 mil empleados, es otro capítulo importante. Milei no solo habló de achicar de 18 a ocho -o nueve porque aún no está claro qué pasará con el área de Salud- los ministerios, aunque eso no supone necesariamente despedir personal. Sin embargo, la mitad de esos agentes públicos no tienen régimen que garantice estabilidad y unos 70 a 75 mil podrían quedar en la mira y estar desprotegidos, según le dijo a DIB el titular de ATE nacional, Daniel Catalano. Diana Mondino no llevó tranquilidad cuando dijo que “nadie que tenga un trabajo útil” tiene nada que temer.
Lo que está claro es que habrá un “achicamiento fuerte de la estructura estatal”, para intentar bajar el déficit con fuerza también por ese lado.
Respecto a lo tributario, los libertarios hablan de una “simplificación impositiva”. Ese capítulo fue trabajado con la colaboración del abogado tributarista Liban Kusa, que fue tentado por Milei para hacerse cargo de la AFIP. Ese casillero sensible del organigrama por ahora sigue vacante.
Una novedad sería que el proyecto de Milei incluya un capítulo institucional. Cerca del líder libertario aseguran que es el momento para introducir la discusión sobre el sistema electoral y proponer la eliminación de las PASO (una iniciativa que fue reclamada por algunos gobernadores en los últimos años), además de modificaciones en el financiamiento partidario.
En la elaboración de las reformas interviene desde hace meses Nicolás Posse, quien desde hace meses coordina equipos técnicos, en su calidad de futuro jefe de Gabinete. Pero también se usó un trabajo que realizó Federico Sturzzenegger, originalmente a pedido de Patricia Bulllrich, en el que 100 colaboradores elaboraron un detallado mecanismo de “desburocratización de la economía”, que contiene parte del paquete para eliminar subsidios, subir tarifas y quitar regulaciones de todo tipo.