PYMES ADVIRTIERON QUE DEBERÁN CERRAR O DESPEDIR PERSONAL SI AUMENTAN SALARIOS UN 40%

Pidieron una audiencia urgente con el ministro de Trabajo para explicarle “la desesperante y delicada situación económica y financiera que estamos atravesando”. Afirmaron que no se sienten representadas por las cámaras que firmaron los incrementos.

Las pymes pidieron una reunión urgente con Moroni. ARCHIVO

Unas 240 pequeñas y medianas empresas de todo el país pidieron una audiencia en carácter de urgente con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para plantearle que no pueden pagar aumentos salariales superiores al 40%, como el acordado entre el Sindicato de Camioneros y las cámaras del sector: “Esta pauta salarial cerrada y resuelta a espaldas de las pymes nos pone en la disyuntiva de tener que elegir entre pagar la paritaria o mantener las fuentes de trabajo”, advirtieron.

“Lo único que conlleva la aplicación (de las paritarias firmadas) es empujarnos a reducir nuestro personal -aseguraron-, provocando pérdida de puestos de trabajo o llevarnos indefectiblemente a la informalidad para poder mantenernos en el mercado, y lo que es peor aún, podría conllevar el cierre de muchas pymes”.
Mesas de diálogo.

En el pedido de audiencia, además, afirmaron que, “ante la situación descripta, se torna necesario abrir mesas de discusión y diálogo en el área de empleo, de salarios, de producción e impositiva, a los fines de poder tomar medidas que garanticen tanto la continuidad de los puestos de trabajo en las mejores condiciones posibles como asimismo la viabilidad de las pymes”.

Las 240 empresas pertenecen mayoritariamente al Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB), que encabeza Verónica Razzini, firmante de la nota elevada a Moroni, y a la Organización Argentina de Mujeres Empresarias (OAME), cuya titular es Patricia García.

Razzini es una empresaria rosarina que en 2020 sufrió tres meses de bloqueo por parte del Sindicato de Camioneros de Santa Fe por un reclamo de encuadramiento de empleados afiliados a otros gremios, pero, pese a las amenazas en contra de ella y de su familia, resistió la protesta y logró que un juez detuviera e imputara a los activistas sindicales que impedían el acceso a su planta.

A partir de su traumática experiencia, decidió crear el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), dijo Razzini a Infobae, con el fin de “ir generando una red de todas las empresas que son víctimas de bloqueos sindicales extorsivos para que nos ayudemos con información y vayamos guiando y dando una mano sobre cómo hay que actuar para no dejar que esto continúe”.

Ahora, a partir de los reclamos sindicales para reabrir las paritarias y de firmar los nuevos convenios por encima del 40%, a tono con el incremento de la inflación, las pymes que integran el MEAB tomaron contacto con otras del sector, algunas de las cuales están en OAME, y resolvieron unirse ante las dificultades para pagar aumentos de esa magnitud en medio de la crisis del sector.

De esas conversaciones surgió la idea de pedir una audiencia urgente con Moroni para explicarle “la desesperante y delicada situación económica y financiera que estamos atravesando”, en la cual afrontan “impuestos altísimos y una producción bajísima”, por lo cual le advertirán al ministro: “No podemos pagar los aumentos que demanda la CGT y que negocia con las grandes empresas”.

De todas formas, Moroni aseguró el fin de semana pasado que “se reabrirán todas las paritarias que sean necesarias para que el salario crezca por encima de la inflación”. Dijo que la meta oficial es que mejore el poder adquisitivo y que destacó que “ninguna de las paritarias homologadas está perdiendo respecto de los salarios de diciembre pasado”.
Desde hace dos semanas se produjo una ola de pedidos gremiales de negociaciones salariales y de reapertura de paritarias ya firmadas, tendencia que se aceleró luego de que, con aval explícito de Cristina Kirchner, otorgaron un 40% de aumento al personal del Congreso, con lo cual, en la práctica, impusieron un nuevo tope para la discusión de los sueldos de 2021 que elevó el 29% que había fijado el Gobierno a principios de año, en sintonía con la previsión inflacionaria del presupuesto.