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San Nicolás de los Arroyos
viernes, 1 octubre, 2021

Edición N° 3823

SADOP PIDIÓ CONFORMAR UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO EN CASOS DE VIOLENCIA LABORAL



La entidad gremial detectó que desde el retorno a la presencialidad, se produjo en varios colegios una exacerbación de conductas de malos tratos hacia el personal docente tendientes a forzar licencias, apartamientos o renuncias, con la amenaza de iniciar sumarios en el Ministerio de Educación pidiendo la separación preventiva.

Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario.

La metodología denunciada sería ejercida por representantes legales, autoridades y mandos medios de los establecimientos educativos. El Servicio Provincial de Enseñanza Privada (encabezado por un histórico representante legal de escuelas privadas y por ende patronal) otorga la separación con celeridad extrema, pero los sumarios nunca se resuelven. “En los hechos terminan la carrera del docente de manera arbitraria e infundada. Hay escuelas que tienen 7 u 8 casos de licencias médicas en el mismo caso. Es violencia encubierta”, describió Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario.

Ante esta recurrencia, desde la entidad gremial realizaron actuaciones judiciales y también administrativas ante el Ministerio de Educación y el de Trabajo por los casos de violencia laboral que se suscitan dentro del ámbito de la educación privada. “Son siempre los mismos establecimientos educativos que, previo a la pandemia, ya realizaban amenazas, los que hoy se potenciaron”, afirman.



También desde la entidad gremial instan a apartar del sistema educativo a quienes ejercen este tipo de violencias, “las cuales no serían posibles sin la tolerancia del SPEP como una práctica habitual”.

Desde Sadop solicitan también que tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Trabajo actúen sobre estas situaciones que son diarias en establecimientos puntuales y que ya están detectados y denunciados: “La forma de ejercer la violencia es siempre la misma: con presiones directas para que se tomen licencias psiquiátricas o por enfermedad, amedrentamientos personales en las escuelas con humillaciones públicas, hostigamiento a través de mensajes de WhatsApp y la amenaza de sumarios administrativos para que los y las docentes desistan de realizar denuncias y dejen de trabajar sin ser indemnizados”, enumeró el secretario general.

La visibilización de estas situaciones tomó estado público la semana pasada cuando el sindicato expuso lo que sucedió en un colegio: “Después que un grupo de docentes vino al sindicato para denunciar situaciones de maltrato, la conducción de la escuela hace una reunión plenaria para volver a violentar al personal y, de paso, denostar a la entidad gremial. Ante nuestra intimación por Carta Documento, niegan todo. Violencia puertas adentro, negación puertas afuera; uno de los patrones clásicos del maltrato”, dijo Lucero.



Caso referencia

Una de las escuelas que se piden intervenir es la Escuela Ceferino Namuncurá. Durante la vuelta a la presencialidad, seis docentes presentaron denuncias penales por violencia laboral contra un matrimonio y su hijo, miembros de la familia a cargo de la Nueva Escuela Ceferino Namuncurá. Se trata de un establecimiento primario y secundario con subvención estatal, pegado al Distrito Oeste y frente a Villa Banana: una escuela que se cerró en la década del 90 tras varias denuncias y se reabrió en 2004 con la misma conducción y «hostigamientos», según afirman desde el gremio de docentes particulares, Sadop.

Desde esa fecha y a pesar de las distintas gestiones del Ministerio de Educación provincial, la escuela siguió activa hasta hoy cosechando «múltiples malos tratos» contra el personal docente y también «sobre el alumnado moroso». Así lo confirmaron algunos trabajadores de la educación que prefirieron no revelar su identidad por miedo a represalias, pero aseguraron que este año, además de las denuncias, se registraron las renuncias de tres docentes y dos de ellas adujeron violencia laboral.



«Renuncio a mis horas cátedra por la gran presión y hostigamiento recibido por las autoridades, por miedo y por cuidar mi integridad mental, emocional y salud», expresó una docente en uno de los telegramas de renuncia recientemente dirigidos a la escuela.

El más grave

El secretario general de Sadop, Martín Lucero, adelantó que este caso es el más grave y de más vieja data. Pero desde el retorno a la presencialidad se vienen dando otros casos de violencia laboral en más escuelas. Y en ese sentido, adelantó el gremialista que en la paritaria fijada para el viernes próximo a las 11.00 (por hoy) y de manera virtual entre el gremio y representantes de los ministerios de Educación, Trabajo y Economía se reiterará el pedido de crear una comisión de seguimiento de casos de violencia laboral por parte de las patronales a algunos docentes.

En un comunicado, Sadop resaltó que la metodología utilizada por representantes legales, autoridades y mandos medios de los establecimientos es similar en todos los casos. Se fuerza a los y las docentes a pedir licencias médicas con la amenaza de iniciar sumarios en el Ministerio de Educación pidiendo la separación preventiva, tal el caso que caracteriza a un colegio de zona norte.



Los casos en off

Para Lucero, tanto los casos más graves de violencia, como el de la Ceferino Namuncurá, como otros menos alevosos tienen en común los gritos, amenazas y maltratos simbólicos y psicológicos, en escuelas subvencionadas por el Estado y con docentes con «mucho miedo a hablar».

En el colegio de zona norte intimaron a una docente que está de licencia. «Le pidieron que la extienda y se vaya a su casa, una manera de liquidarle la carrera», dijo Lucero, quien reconoció a este diario que de no ser así dudosamente se pensaría de manera tan fácil en pagar un sueldo a la persona con licencia y uno a quien la reemplace. Y reclamó que el tribunal de disciplina del SPEP está vacante en un momento en que el organismo podría ayudar en estos casos.

«Por lo menos siete casos de docentes hay con licencia psiquiátrica debido a la violencia que se sufre en la institución», aseguró una maestra. Ante esta recurrencia, la entidad gremial realizó actuaciones judiciales y también administrativas ante el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo.


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