La presidenta peruana, Dina Boluarte, acusó el lunes de “maniobra política” la denuncia en su contra ante el Congreso presentada por la fiscal general por las muertes ocurridas en protestas a fines del año pasado y comienzos del 2023, en una nueva batalla política en un país de constantes crisis
Boluarte dijo que la denuncia constitucional de la fiscal general Patricia Benavides es “sospechosa” porque se produce luego de que un equipo anticorrupción de la misma institución comenzara a investigar a la jefa del Ministerio Público.
“Expresamos nuestra condena ante tan deleznable maniobra política que, utilizando indebidamente la memoria de patriotas fallecidos, se pretenda distraer la atención de una denuncia gravísima contra la propia fiscal de la nación”, dijo Boluarte en un discurso televisado junto a todo su gabinete de ministros.
Benavides anunció más temprano que presentó una denuncia constitucional contra Boluarte, su jefe de gabinete Alberto Otárola y exministros de Interior “por la presunta comisión de delito de homicidio calificado” en agravio de algunas víctimas.
Se trata del primer cargo de la fiscal general ante el Congreso contra la presidenta Boluarte, luego de casi un año de investigación por la muerte de decenas de personas durante los violentos enfrentamientos tras la destitución y arresto de Pedro Castillo, que intentó disolver de forma ilegal el Congreso.
La denuncia, por homicidio y grave violación a los derechos humanos de seis víctimas de las protestas sociales, podría terminar en un juicio político en el Congreso contra Boluarte.
Perú ha visto transitar seis presidentes y tres congresos en casi seis años, tras renuncias y destituciones de mandatarios en medio de protestas e investigaciones de corrupción.
El anuncio de Benavides se produce horas después de que un equipo anticorrupción comenzara a investigar por presunto abuso de poder a la fiscal general, que en reacción destituyó de su cargo a la jefa de esta unidad del Ministerio Público.
En el mismo discurso televisado en el que anunció la denuncia, Benavides rechazó las investigaciones en su contra que -dijo- buscan “desestabilizar la independencia de poderes” y obstruir el avance en la lucha contra la corrupción.
Benavides cesó las funciones de la fiscal Marita Barreto, quien había ordenado detener a tres asesores de la fiscal general que coordinaron con legisladores del Congreso para designar a funcionarios clave en la administración de justicia o a destituir a fiscales supremos opositores a Benavides.
A cambio de ello, los legisladores involucrados se libraron de investigaciones penales que tenían en su contra, dijo uno de los documentos de la investigación fiscal visto por Reuters.