La Cámara Federal de Casación Penal le pidió a la Corte Suprema que gestione la continuidad de la asistencia que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) le brinda al Poder Judicial en los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
El presidente del máximo tribunal penal del país, Mariano Borinsky, envió el pedido a la Corte tras un Acuerdo de Superintendencia celebrado a fines de mayo.
El INCAA es uno de los organismos estatales virtualmente desmantelados por el gobierno de Javier Milei.
En la nota, Borinsky señaló que Casación “tomó conocimiento que el INCAA dejará de prestar “asistencia técnica a los distintos tribunales con asiento en Comodoro Py 2002, para el registro fílmico de las audiencias, como así también de las actividades institucionales realizadas por la Cámara”.
“A raíz de una decisión administrativa no podrían continuar realizando dichas tareas. Por esa razón, se decidió informar a la Dirección de Relaciones Institucionales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de coordinar las gestiones para su continuidad”, explica el pedido.
La asistencia del INCAA fue dispuesta por la Corte mediante la Resolución 4.248 del año 2009, en pleno proceso de reapertura de los juicios de lesa humanidad tras la anulación de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos dictados durante el gobierno de Carlos Menem.
La Corte Suprema respondió que “en el marco del convenio de colaboración oportunamente suscripto, la filmación de los juicios de lesa humanidad no se dejará de realizar”.