Marcantonio: “Le daba protección a sujetos investigados por venta de estupefacientes”


La Dra. Verónica Marcantonio, a cargo de la Fiscalía N° 1 tematizada en estupefacientes, se encuentra llevando adelante una importante investigación contra un efectivo del Comando de Patrullas que le brindaría protección y le liberaría la zona a sujetos sospechados de comercializar estupefacientes. “Esta causa se inició el año pasado con una denuncia anónima que hacen a Policía Federal de San Nicolás, dando cuenta de que un sujeto comercializaba estupefacientes. A raíz de eso se hicieron tareas investigativas y se logró determinar que un sujeto de apellido Sosa, funcionario policial del Comando que tenía jurisdicción en zona de la Comisaría Segunda, brindaba protección a varios investigados que nosotros teníamos en esta causa”, explicó la funcionaria judicial a EL NORTE.

Respecto a cuál sería la protección brindada, Marcantonio explicó: “Esa protección consistía en liberarles la zona, hacer recorridas, obviamente todo a cambio de dinero. A este oficial se le intervino el teléfono y por escuchas telefónicas se determinó que tenía relación con quienes nosotros teníamos investigados en la causa. Por fuera de eso, en el marco de la investigación de otra causa del año pasado, se solicitó un allanamiento al Juzgado de Garantías y en el momento en que vamos a hacerlo sale Sosa del domicilio donde se estaba por practicar el operativo, atento a lo cual se dispuso la suspensión del mismo y se dejó constancia de esas actuaciones, que se agregaron a la investigación que teníamos contra él”.

Pruebas
A pesar de que la Fiscalía cuenta con elementos de prueba que permitirían solicitar la detención del investigado, el juez aún no se la otorgó. “Con todos los elementos probatorios que fuimos recolectando, tanto como tareas de inteligencia, de campo, seguimiento, escuchas telefónicas, consideré que había elementos probatorios suficientes para solicitar la detención de Sosa por el delito de encubrimiento triplemente agravado por ánimo de lucro, por ser un delito grave y, sobre todo, por ser funcionario público. También pedimos la detención para un individuo de apellido Allodi, por el delito de comercialización de estupefacientes. El juez de Garantías hizo lugar al segundo pedido, pero no a la detención de Sosa. No obstante, sí dio lugar a los allanamientos solicitados en la causa que lo investiga, los cuales se efectuaron en el barrio 9 de Julio y barrio Los Pinos”, agregó la fiscal.
“De las resultas se secuestró el teléfono celular de Sosa, y se verá efectivamente si se corresponde con el numero intervenido y qué datos surgen del mismo. En estos allanamientos participaron la Policía Federal, funcionarios judiciales y se convocó a la policía judicial por estar involucrado un funcionario. Ya se le había dado intervención a Asuntos Internos, solicitándole la desafectación de Sosa del servicio”, dijo. “En el Ministerio Público, amén de que no se le dio la detención, consideramos que el hecho está probado y los delitos están configurados, por lo que se lo citará a prestar declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal y se lo va a imputar formalmente”, expresó.

Investigar todo
Acerca de qué sensaciones les generan a los funcionarios judiciales este tipo de hechos en los cuales están involucrados agentes de la ley, la Dra. Marcantonio se mostró inflexible: “Siempre cuando tenemos un caso de estas características que involucra a funcionarios policiales, son hechos que realmente son graves. Los funcionarios policiales tienen la función de prevenir e investigar precisamente a quienes cometen delitos. Los funcionarios policiales tienen el deber de proteger a la sociedad y no cometer delitos como ocurrió en estos casos. Cuando se cruzan de vereda y dejan de realizar la función que les es propia para entrar en la comisión de delitos, nosotros como Ministerio Público Fiscal debemos investigarlo y aplicar la ley que ellos mismos deben aplicar y cumplir”, agregó.