El gobierno nacional se fijó el propósito de urbanizar más de 4.000 barrios populares


El gobierno anunció que buscará solucionar los problemas estructurales en más de 4.400 barrios, en donde viven 900 mil familias. En San Nicolás, de acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares, existen 17 asentamientos informales. El Presidente nombró a la funcionaria que estará a cargo del plan.

Proveniente de uno de los barrios más pobres del Conurbano, Fernanda Miño, actual concejal de San Isidro, se hará cargo de la Secretaría de Integración Urbana dentro del estratégico ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. El proyecto propone urbanizar a 4400 barrios de todo el país y a 1726 de la provincia. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en el Partido de San Nicolás existen 19 de estos asentamientos informales. Urbanizar las villas y barrios precarios más postergados, es uno de los objetivos políticos más ambiciosos de los movimientos sociales. Y comienza a calar de a poco en la agenda del gobierno nacional. La designación de una concejal proveniente de las filas de Juan Grabois en el estratégico ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que dirige María Eugenia Bielsa, será una de las claves en este sentido. Se trata de Fernanda Miño, hasta entonces concejal por el Frente de Todos en San Isidro, quien será la nueva Secretaria de Integración Socio Urbana del gobierno nacional, un espacio que tendrá la responsabilidad de impulsar la “integración social y urbana de los más de 4 mil barrios relevados” a partir del RENABAP que ya se había realizado previamente, en 2018.
En ese registro oficial se da cuenta de la existencia de 4.416 barrios populares en todo el país; de ellos, 1.726 en suelo bonaerenses; de los cuales, 17 tienen enclave en distintas zonas del partido de San Nicolás. Esos 17 grupos de viviendas identificados por el RENABAP como “barrios populares”, se ubican en los barrios Las Mellizas, San Martín, Moreno, Don Miguel, Santuario, Martínez, Cavalli, Los Pescadores, Provincianos, Los Pinos (I y II), 9 de Julio, Avamba’é, Mitre, Evita, 12 de Marzo y Villa Esperanza.
Metodológicamente, se considera «Barrio Popular» a los barrios vulnerables en los que viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal). 4 millones En detalle, el gobierno buscará solucionar los problemas estructurales en más de 4400 barrios, en donde viven 900 mil familias, lo que equivale a 4 millones de personas en todo el país.
En tanto, en la provincia de Buenos Aires se contabilizan 1.726 de esos asentamientos. Es decir, el 40% del total de las villas y barrios excluidos en toda la Argentina. “Se trata de barrios con irregularidad dominial, en donde además hay ausencia de 2 de 3 servicios básicos: agua potable, cloacas y tendido eléctrico”, explican desde el entorno de la nueva Secretaria de Integración Urbana. Sin embargo, advierten que el mega proyecto es realista y que busca una sostenibilidad a lo largo de los diferentes gobiernos: la finalización de la urbanización de las villas y barrios de todo el país se planea en un plazo de 12 años. “El plan propone las obras necesarias para introducir servicios de electricidad, agua potable, cloacas, alumbrado y pavimentación en los 4.416 barrios que existen en Argentina, desde Jujuy a Ushuaia”, contaron en referencia a la propuesta de los movimientos sociales que hoy ya está en manos del Ejecutivo. Además, plantea construir nuevos centros educativos y de salud, programas de reciclado y recolección de residuos, entre otras actividades productivas que “involucran la generación de puestos de trabajo en la economía popular”. Por eso, la designación de Miño al frente de un ministerio que promete avanzar en una política clave, también se muestra como un “gesto” de apertura por parte del gobierno de los Fernández, aunque al mismo tiempo los movimientos sociales esperan que las palabras se conviertan en hechos.

Normativa
A partir de la Ley 27.453 sancionada en 2018 existe en la Argentina una política pública destinada a la integración socio urbana de barrios populares. La Ley 27.453 y el Programa de Integración Socio Urbana (PISU) que de ella se deriva tuvieron su origen en el primer Relevamiento Nacional de Barrios Populares, que el Estado Nacional junto con organizaciones sociales inició en 2016 para conocer la realidad de las más de 4.400 villas y asentamientos que hay en el país. Dicha norma, sancionada por unanimidad en ambas cámaras, declara de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles comprendidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) creado por el Decreto 358/17, suspende los desalojos en los barrios por un período de cuatro años, y habilita la creación de un Régimen Especial de Regularización Dominial para titular las tierras a favor de los vecinos. Además, crea un Programa de Integración Socio-Urbana (PISU) que busca intervenir de manera multidimensional para la integración de los barrios, en articulación con provincias y municipios, y establece la constitución de un Fideicomiso para su financiamiento. “A partir de estos esfuerzos sentamos las bases para que la integración socio urbana sea verdadera política de Estado en el país”, indican desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.