Concedieron casi 800 arrestos domiciliarios a presos de la provincia de Buenos Aires


Alrededor de 800 presos bonaerenses que se encuentran en los grupos de riesgo frente a la pandemia del coronavirus fueron beneficiados con la excarcelación o el arresto domiciliario desde que fue decretado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, según los pedidos que realizaron los defensores oficiales ante la justicia penal de la provincia.
En San Nicolás algunos detenidos fueron informados de que se les concederá la prisión domiciliaria por encontrarse en la franja de riesgo ante el coronavirus, siendo estas personas entre las que algunas tienen HIV, problemas de asma o enfermedades crónicas cardiacas.
Desde la Procuración General de la provincia estimaron oportuno adoptar medidas tendientes a colaborar en el objetivo primordial de reducción del riesgo de propagación del coronavirus en la población privada de la libertad en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario. Precisamente, el actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, sostuvo que en medio de la pandemia "urge el despoblamiento de las cárceles", pero aclaró que eso "no significa vaciarlas, sino dejarlas con un 70 por ciento u 80 por ciento de su capacidad locativa normal", para que no haya una "amenaza a la vida" de sus ocupantes.
Del total de presos que fueron beneficiados con la prisión domiciliaria, más de 500 son personas que se hallaban alojadas en las superpobladas cárceles de la provincia y el resto detenidos en comisarías de la policía provincial.

Grupos de riesgo
De acuerdo con los datos que aportaron las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a la justicia, en las cárceles de la provincia hay 644 presos con más de 65 años y casi 2.500 con patologías de alto riesgo, algunos de ellos con tuberculosis, SIDA o diabetes, aunque también hay con enfermedades respiratorias, algún tipo de tumor o afecciones que requieren diálisis. Respecto de los presos que fueron beneficiados con los arrestos domiciliarios, en el 85 por ciento de los casos las solicitudes fueron presentadas por defensores oficiales que representan a los detenidos, tanto en primera instancia como ante las cámaras de apelaciones y el Tribunal de Casación. Las fuentes consultadas detallaron que cada pedido realizado por los defensores oficiales es recibido por el juzgado natural del caso que, a su vez, le conceden al fiscal el espacio para que opine y finalmente el juez resuelve si concede o no los beneficios.
El 16 de marzo pasado, el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires instruyó a los defensores oficiales a evaluar inmediatamente la posibilidad de requerir la prisión domiciliaria u otras formas alternativas al encierro respecto de sus defendidos privados de la libertad que conformen grupos de riesgo frente ante el coronavirus. A través de la resolución 158/20, el procurador Conte Grand pidió en ese entonces que se consideraran especialmente "la particularidades fácticas y normativas de cada caso". De acuerdo a los mismos criterios epidemiológicos y razones de salud pública, se les encomendó también a los fiscales evaluar esas circunstancias al momento de expedirse sobre pedidos de prisión domiciliaria o sus alternativas respecto de personas detenidas.