El próximo 9 de mayo se realizará el segundo paro general en la gestión Milei, convocado por la CGT.
De cara al segundo paro general en cinco meses, el Gobierno habría cambiado su postura frente a la Confederación General del Trabajo (CGT). La convocatoria gremial para reclamar contra el oficialismo tiene fecha para el próximo jueves 9 de mayo.
A pesar de la flexibilidad que mostró el Ejecutivo a la hora de plasmar en sus proyectos -como la Ley Bases- los cambios que propusieron desde el sindicalismo como la eliminación de los artículos que amenazaban la caja sindical y los bloqueos. En esa misma línea, dieron lugar después de varios contrapuntos a la habilitación de paritarias homologadas.
No obstante, la CGT persiste con las medidas de fuerza contra la gestión de Javier Milei, como el paro general y la marcha del Día del Trabajador realizada el pasado miércoles. Una decisión que habría colmado la paciencia en los pasillos de Casa Rosada.
Ante tal contexto, desde la Secretaria de Trabajo ya estudian medidas que buscan frenar prácticas extorsivas, como los bloqueos de empresas, mediante la aplicación de sanciones respaldadas por organismos internacionales. Sin embargo, estas medidas enfrentan resistencia por parte de sectores sindicales, especialmente del influyente sindicato de Camioneros.
Las tensiones en torno a la reforma laboral y la Ley Bases profundizan el conflicto entre el Gobierno y la CGT. A pesar de intentos de mitigar las sanciones por bloqueos sindicales, la falta de consenso legislativo y las presiones internas en el sindicalismo dificultan la resolución del conflicto. La división en la CGT entre sectores dialoguistas y combativos complica aún más el panorama, dejando en evidencia la fragilidad de las relaciones laborales en el país.
El enfrentamiento entre dirigentes sindicales, como Sergio Sasia y Juan Carlos Schmid, refleja la profunda interna que atraviesa la CGT y el sindicalismo argentino en general. Mientras algunos sectores buscan la moderación y el diálogo, otros mantienen una postura más confrontativa, evidenciando la falta de consenso y la complejidad de los intereses en juego. Ante este escenario, el Gobierno enfrenta el desafío de gestionar las tensiones laborales y buscar soluciones que promuevan el desarrollo económico y social del país.