“PEDIMOS AL GOBIERNO QUE DEJE SIN EFECTO EL PROTOCOLO QUE AUTORIZA EL USO DE CELULARES A LOS PRESOS”

Durante la corriente semana, el bloque de Juntos de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires presentó un proyecto que exige que se les quiten los celulares a las personas privadas de su libertad. El argumento utilizado por los diputados opositores es que “hoy todos los presos se pasean con celulares, y no los están usando para estudiar, como dice el Gobierno, sino que en muchos casos se utilizan para cometer delitos”, aseveró el legislador nicoleño Santiago Passaglia a EL NORTE.

De la Redacción de El Norte
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En la legislatura bonaerense, el bloque de Juntos le pidió al gobernador Axel Kicillof que prohíban el uso de celulares en las cárceles bonaerenses. El proyecto es impulsado por Alex Campbell y Matías Ranzini, desde ya que fueron acompañados por sus pares, uno de ellos el nicoleño Santiago Passaglia.

La realidad está a las claras, las estafas virtuales crecieron abruptamente en el último tiempo, esto profundizado por la pandemia, y en muchas situaciones eran las personas privadas de su libertad quienes cometían los ilícitos. De hecho, este argumento es uno de los principales de los diputados opositores para exigirle al Gobierno que prohíba el uso de celulares en las unidades penales.

“El Gobierno provincial dispuso en el protocolo que se regiría por el tiempo en que dure el DNU 297/20 (aislamiento obligatorio) y que su prolongación era en base a la evaluación de su puesta en práctica. Pasaron ya más de 10 meses desde el fin del aislamiento social obligatorio y el uso de teléfonos celulares y los allanamientos dentro de los penales por delitos cometidos intramuros siguen de forma creciente, con la multiplicidad de tipos de delitos detectados”, afirman los diputados. EL NORTE se contactó con Alex Campbell y Matías Ranzini, quienes impulsan la iniciativa, para conocer los motivos que movilizaron a su bloque a presentar el proyecto de declaración.

“No entendemos por qué tal medida se extendió infundadamente más allá del plazo establecido expresamente por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia”, advirtieron los legisladores.

“No fue suficiente para el Gobierno provincial el hecho de no apelar la decisión judicial de liberar presos con la excusa de la pandemia, sino que también pusieron en funcionamiento dicho protocolo que hoy ya trae aparejado más problemas que soluciones al no ponerle fin, porque la gente se debe cuidar también de los delincuentes que operan desde dentro de las penitenciarías con un uso no controlado de los teléfonos celulares.”, repudió Ranzini.

Por su parte, Campbell, manifestó: “¿Cuál es el interés del Gobierno de Kicillof en que los internos  dispongan del uso libre de teléfonos celulares?, ¿no saben acaso de la infinidad de delitos que se cometen gracias a esta modalidad? Lo saben por los distintos allanamientos a los penales, pero lo peor es que no hacen nada”.

San Nicolás

En la Unidad Penal Nº3, ubicada aquí en nuestra ciudad, ya ha habido casos de estafas y ciberdelitos. Recordemos que hay pabellones donde está permitido el uso de teléfonos celulares. En ese sentido, este diario dialogó con el diputado provincial Santiago Passaglia, quien apoyó el proyecto mencionado.

“Bueno, la realidad es que hoy todos los presos se pasean con celulares, y no los están usando para estudiar, como dice el Gobierno, sino que en muchos casos se utilizan para cometer delitos como estafas, amenazas, secuestras virtuales o coordinar actividades delictivas desde las cárceles”, aseveró Passaglia.

De inmediato, agregó que “fue una medida que durante la pandemia tuvo sentido, pero hoy después de más de 10 meses del fin del aislamiento social obligatorio está demostrando un incremento del delito y de la inseguridad, ya que no los pueden controlar”. 

“Pedimos al Gobierno que deje sin efecto inmediatamente este protocolo que autoriza el uso de celulares a los presos. Están más preocupados en cuidar a los delincuentes que al laburante o los vecinos que sufren estos hechos. Lo demostraron en la pandemia liberando presos, o cuando avalaron la toma de predios o terrenos privados. Y lo vuelven a ratificar con esta medida. Los delincuentes tienen cada vez más derechos y las víctimas menos”, concluyó el dirigente nicoleño.

Los diputados de Juntos solicitaron expresamente al Gobierno bonaerense que informe cómo se hará cargo de esta decisión política. “Solicitamos de manera urgente que se ponga fin a este Protocolo que ha agravado la situación de resocialización de los internos, y que ha contribuido a aumentar la tasa de delitos criminales desde dentro de los penales en que son víctimas muchos ciudadanos bonaerenses e incluso de otras provincias que han sido estafados desde penales bonaerenses”.

Finalmente, Campbell pidió a las  autoridades “diseñar políticas para fomentar el acercamiento entre los internos privados de su libertad y sus familias”, pero advirtió que “no es a través del uso de teléfonos celulares sin control, porque esto se ha distorsionado, permitieron el crecimiento de distintas modalidades delictivas y criminales dentro de los penales”.

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Servicio Penitenciario Bonaerense

Una vez presentado dicho proyecto, desde el Servicio Penitenciario a nivel provincial, lanzaron un comunicado en contra de lo expresado por los diputados de Juntos. “Desde la regulación del uso de los celulares no solo se logró disminuir la cantidad de delitos cometidos desde las unidades penales a través de dispositivos móviles, sino que la implementación del protocolo posibilitó el rápido esclarecimiento de ese tipo de ilícitos y la pronta imposición de la sanción correspondiente”, remarcaron desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Además, explicaron que “el protocolo circunscribe su utilización a las actividades educativas a distancia y a los contactos familiares, establece un registro de celulares que identifica fehacientemente a cada usuario, delimita los ámbitos habilitados para el uso de telefonía celular y prohíbe las redes sociales, con excepción de WhatsApp”.