En el anuncio realizado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, confirmó la exclusión de importantes reformas fiscales del paquete de proyectos de la Ley Ómnibus.
Tras la eliminación del paquete fiscal, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos queda con menos de 530 reformas, y se espera que estas cifras disminuyan aún más.
Durante una conferencia de prensa, el ministro Caputo explicó la decisión, destacando la escucha atenta a los reclamos de varios gobernadores y diputados de diferentes espacios políticos. “Hemos tenido que tomar decisiones incómodas para llegar a déficit cero, pero de ninguna manera queremos que por este capítulo fiscal se demore lo que creemos necesario y urgente”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.
Entre las reformas eliminadas se encuentran puntos clave como el blanqueo, la moratoria, el adelanto de Bienes Personales, la ley de Ganancias, el aumento de las retenciones y el cambio de la fórmula jubilatoria. Estas medidas, que generaron polémica y críticas, fueron excluidas del paquete de proyectos que comenzará a ser tratado a partir del próximo martes.
Anteriormente, ya se habían sacado la implementación del juicio por jurados a nivel federal, a YPF del listado de empresas públicas a privatizar, la ley de salud mental, la de sociedades, la reforma electoral y las modificaciones al Código Civil y al Código Penal, entre otras.
Qué seguirá vigente
La posibilidad de vender la mayoría de las empresas públicas, incluidos los medios de comunicación y Aerolíneas Argentinas; la iniciativa para simplificar y digitalizar varios trámites; la reventa de entradas deportivas y las sanciones a los piqueteros y para quienes organizan cortes de calle, aunque no participen del mismo.
En el área educativa, se mantienen los exámenes periódicos para alumnos y docentes y el arancelamiento universitario para extranjeros que no tengan residencia permanente, mientras que en cuanto a la política, se restringirán los actos, programas, obras, servicios y campañas.
En lo laboral, no se elimina el apartado para perdonarles las multas a quienes decidan regularizar a sus trabajadores, incluidas aquellos contratos que se hayan celebrado antes de la eventual promulgación de esta norma.
También permanece la iniciativa para transferir los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al Tesoro Nacional, todo lo referido con bioeconomía, la ley de pesca (con las modificaciones que se hicieron a la hora del dictamen) y las modificaciones para la legislación de los hidrocarburos.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) se unificarán en el denominado Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad; desaparecería el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Respecto de la situación del Estado, se conservan los artículos que ordenan una “simplificación, digitalización y desburocratización administrativa” de varios trámites, “promoviendo la transparencia y el debido proceso administrativo, así como el alivio de cargas y costos”.
En este sentido, se indica, por ejemplo, que “todos los trámites y gestiones que deban realizarse en el Sector Público Nacional deberán realizarse como principio general a través de medios electrónicos”, para lo cual se creará la Ventanilla Única de la Administración Pública Nacional
“Este proceso de conversión deberá concretarse en un plazo que no exceda de los dos (2) años desde la entrada en vigencia de la presente ley. El Poder Ejecutivo Nacional preverá lo necesario para la efectivización de este proceso, así como las excepciones que fueren necesarias”, se detalla.
Por último, aunque se achicó el plazo a un año, con posibilidad de extenderlo a otro más, se le permitirá al Gobierno declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa -ya no en defensa, social ni sanitaria-.
