A través de un comunicado de prensa, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) planteó su quejó por la definición de tarifas que no están sustentadas en los estudios de costos. Un ejemplo –aunque no el único– es San Nicolás, donde el Concejo Deliberante aprobó una tarifa de $266 para el pasaje que según la polinómica calculada por la empresa Vercelli Hnos arrojaba un resultado de $465.
De la redacción de EL NORTE
[email protected]
En el tramo final del año, varias son las ciudades del interior del país que están redeterminando las tarifas de sus servicios municipales de transporte público de pasajeros. Y existe un común denominador: en todos lados los valores autorizados por los órganos concedentes son inferiores a los que plantean las prestatarias de acuerdo con sus estudios de costos. Sin ir más lejos, el jueves de la semana pasada el Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó una tarifa plana de $266 para el pasaje que, según la empresa Vercelli Hnos, debe tener un valor de $465.
Frente a este escenario generalizado, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP, la entidad que integran las empresas que prestan servicios en el interior del país) salió este martes con un comunicado. “Las tarifas del sistema de transporte público de pasajeros del interior del país deben reconocer los costos de su operación”, advirtieron los empresarios, entre quienes se encentran los nicoleños de Vercelli Hnos.
“Los contratos de concesión del sistema de transporte de pasajeros urbanos por automotor del interior del país deben ser cumplidos por los poderes concedentes según sus estipulaciones originales, para restablecer una ecuación económica contractual quebrada a causa de un sistema deformado por decisiones políticas sin bases técnicas ni sustento contractual”, agregó la entidad.
Presencia del Estado
Los empresarios del sector pidieron además una “participación del Estado”, necesaria para “recrear las condiciones económico-financieras y de mercado imprescindibles para terminar con la descapitalización y su consecuencia: una inferior calidad de servicios para los usuarios, que ha ocasionado que las empresas carezcan de recursos genuinos básicos para hacer frente a las obligaciones derivadas de la actividad”.
En tal sentido, advirtieron que “la sustentabilidad económico-financiera de la actividad requiere que se reconozcan los costos reales de la prestación y la utilidad requerida para mantener los servicios contratados, mediante tarifas pagas por la totalidad de los usuarios, siendo el Estado quien asista, compense o subsidie en forma directa a quienes no puedan costearlas”.
“Las compensaciones tarifarias y las asistencias mediante atributos sociales disimulan la realidad de ingresos insuficientes a causa de contratos incumplidos, recayendo sobre las empresas los riesgos, los costos y las responsabilidades legales, sin que el estado asuma las suyas, distorsionando los valores de los ingresos (tarifas) que resultan necesarios para el cumplimiento de los compromisos propios de la actividad. La actual situación económica y financiera del sector determina que las empresas no puedan cumplir en tiempo y forma con el pago de salarios y demás costos laborales, así como tampoco pueden atender la compra de combustibles a causa de los sucesivos incrementos en sus precios; les resulta además inviable adquirir repuestos a valores expresados y cobrados en dólares billete; y tampoco pueden asumir el costo de los servicios públicos, ajustados mensualmente en porcentajes mayores a los que se aplican para actualizar los aportes del estado nacional y las tarifas”, agregaron en el comunicado de la FATAP.
Y finalizaron: “La única respuesta posible a esta crítica situación es el respeto irrestricto a las cláusulas contractuales que determinan los valores de las tarifas sin aportes del Estado, como legítima contraprestación por el servicio, en defecto de lo cual, el sistema del transporte público de pasajeros urbanos del interior del país se paralizará de modo irremediable”.